Dos abogados mediáticos, afuera del caso Loan: uno se enteró en sus vacaciones.
Se trata de Ricardo Osuna y Miguel Ángel Pierri, que representaban a Bernardino Antonio Benítez y el comisario Walter Maciel, respectivamente.
Bernardino Antonio Benítez (38) y el ex comisario Walter Adrián Maciel (45), detenidos por la desaparición de Loan Danilo Peña (5), cambiaron a sus abogados. Mientras Benítez optó por un defensor oficial, el ex jefe de la comisaría de 9 de Julio contrató los servicios de Richard Vallejos, de la ciudad de Corrientes.
El esposo de la tía del nene, Laudelina Peña (45), también presa, desistió del patrocinio del chaqueño Ricardo Osuna a través de un escueto manuscrito que entregó a las autoridades de la Unidad Penal de Resistencia.
Este lunes, el Juzgado Federal de Goya oficializó la salida de Osuna y de Miguel Ángel Pierri.
Osuna, que está de vacaciones, se enteró por los medios de la decisión de Benítez. El abogado chaqueño, quien también representó al clan piquetero Sena en su provincia pero ya no los defiende más en la causa por el homicidio de su nuera, Cecilia Strzyzowski, dijo que, un día antes, el imputado lo había llamado para preguntar «novedades» del expediente.
No obstante, remarcó que no le sorprendía la decisión, atribuyéndola a la falta de una resolución sobre la situación procesal de los detenidos por parte de la jueza federal Cristina Pozzer Penzo.
«Pronto despacho (Urgente). Juzgado federal de Goya, Corrientes. A partir de la fecha revocó la defensoría del doctor Ricardo Ariel Osuna y solicitó un defensor público oficial. Benítez, Bernardino Antonio”. Fue el escueto escrito que el detenido redactó con letra de imprenta en una hoja de cuaderno y la firmó ante funcionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Miguel Ángel Pierri se mostró sorprendido por la decisión de Maciel, aunque reconoció que él ya había tomado la decisión de alejarse de la defensa del ex comisario pese a tener agendada una audiencia el 1° de noviembre. Aseguró que tenía previsto comunicar la desvinculación al juzgado el miércoles.
Los cambios se produjeron durante el fin de semana, cuando la Policía de Corrientes desembarcó con decenas de agentes, drones y perros entrenados en una finca de Loma Alta, en la localidad de Mburucuyá, luego que una nena revelara en la escuela que su papá había enterrado a un chico.
Los investigadores no tardaron en establecer que el hombre era socio de familiares de María Victoria Caillava, una de las detenidas, motivo por el cual se realizó un minucioso rastrillaje en el campo y zonas aledañas, sin hallar ningún indicio de Loan o algún otro menor que haya sido sepultado en forma clandestina.
No es el primer abogado mediático que queda afuera del caso. Ya había ocurrido con Fernando Burlando, quien acompañaba a la familia de Loan hasta que decidieron apartarlo y mantener al primero que los representó, Roberto Méndez. Ahora los asesora Juan Pablo Gallego, conocido por lograr la condena del cura Julio César Grassi por corrupción de menores.
La semana pasada, la Cámara Federal de Corrientes tomó varias decisiones en la causa Loan. Por un lado, excarceló a siete de las nueve personas que habían desembarcado en 9 de Julio alegando haber sido enviadas por la Fundación Lucio Dupuy para asistir a los familiares de algunos detenidos por considerarlos “vulnerables”.
Otra resolución le quitó presión a la jueza Pozzer Penzo, ya que los camaristas Selva Angélica Spessot, Mirta Gladis Sotelo y Ramón Luis González extendieron hasta el 19 de marzo del año que viene la investigación.
Es decir que la magistrada cuenta con cuatro meses más para intentar establecer con certeza qué rol desempeñó cada una de la siete personas que fueron detenidas por la desaparición de Loan.
Se trata de Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar «Fierrito» Ramírez (49), Mónica del Carmen Millapi (35), María Victoria Caillava (53), Carlos Guido Pérez (63), Laudelina Peña y Walter Adrián Maciel, quienes están alojados en diferentes penales federales.
Loan Danilo Peña (5) desapareció el 13 de junio en el paraje El Algarrobal, donde vive su abuela Catalina (86). Se trata de una zona rural que está a unos ocho kilómetros de la localidad de 9 de Julio.
La víctima, junto a otros cinco chicos y tres adultos, habían ido hasta una tapera que está a unos 600 metros de la casa de la mujer para buscar naranjas. Fue la última vez que se lo vio y la Justicia Federal investiga el caso como un posible caso de sustracción con fines no establecidos.
Clarín
